INFORME SOBRE REGÍMENES PREVISIONALES NACIONALES ESPECIALES PARA DOCENTES, INVESTIGADORES Y TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA Y DE YACIMIENTOS CARBONÍFEROS DE RÍO TURBIO

INFORME SOBRE REGÍMENES PREVISIONALES NACIONALES ESPECIALES PARA DOCENTES, INVESTIGADORES Y TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA Y DE YACIMIENTOS CARBONÍFEROS DE RÍO TURBIO

La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública postula la revisión de los regímenes previsionales especiales a fin de formular una propuesta de modificación al Congreso Nacional.

Del análisis de cinco de los siete regímenes previsionales especiales –docentes no universitarios; docentes universitarios; investigadores y científicos; trabajadores de Yacimientos Carboníferos Fiscales y de Luz y Fuerza) se concluye que su haber promedio resulta significativamente superior al haber promedio general y explica el 27% del déficit previsional contributivo, aunque representaron sólo el 10% del gasto previsional en marzo 2020.

  • Son sistema de órbita pública y su movilidad está vinculada a la evolución del salario activo, con menos preponderancia de la inflación, como ocurre en el régimen general. Por eso en los dos últimos años el déficit de éste último ganó peso relativo en relación al otro.
  • Pero el conjunto de los Regímenes Especiales contemplados en esta proyección estaría incrementando su déficit contributivo durante 2020.
  • El haber de los docentes no universitarios duplica el promedio del régimen general; el de los investigadores y trabajadores del Yacimiento de Río Turbio lo cuadruplica.
  • Los haberes aseguran entre el 70% (Luz y Fuerza) y el 85% (investigadores y científicos) de la remuneración en el momento del retiro, pero las distintas fórmulas de ajuste de jubilaciones sólo en algunos regímenes garantizan el mantenimiento de ese parámetro.
  • Los haberes especiales deberían reducirse entre 29 y 41% para tener la misma equivalencia (sustitución de salarios) del régimen general.
  • Desde 2018 a junio pasado, todos los regímenes analizados muestran una movilidad real negativa, que va desde una merma del 10,92% en el régimen general, hasta una caída del 23,69% para las prestaciones correspondientes a Luz y Fuerza.

Como el Estado es quien emplea y cubre el déficit, para cerrar esta brecha, no serviría subir las contribuciones patronales ni la edad jubilatoria, cambio que suele tener efecto recién en mediano plazo. Sí podría tener un eventual impacto fiscal más inmediato la suba de contribuciones personales o establecer un tope equivalente al haber máximo del régimen general.

IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO DE LEY DE ACCESO A INTERNET A BENEFICIARIOS DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (S-1566/20)

IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO DE LEY DE ACCESO A INTERNET A BENEFICIARIOS DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (S-1566/20)

El Proyecto de Ley S-1566/20 tiene por objeto garantizar el acceso a internet de niños, niñas y adolescentes beneficiarios de la AUH a través del otorgamiento de 5GB (datos móviles) mensuales por parte de las empresas proveedoras del servicio de telefonía móvil para las líneas de celular cuyo titular sea perceptor de la AUH.

Se estima que el mencionado Proyecto de Ley tendrá un costo fiscal de $1.288 millones por mes.

Si se asume que el beneficio se hará efectivo a partir del mes de octubre del corriente año manteniéndose en vigencia hasta el 31 de diciembre (de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Ley) el costo total de la medida ascendería a $3.864 millones en el año 2020.

Análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional – Julio 2020

Análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional – Julio 2020

  • En el mes de julio la Administración Pública Nacional registró un déficit primario de $43.417 millones, debido a la suba de los gastos y la caída de los ingresos, ambos condicionados por la crisis sanitaria. En tanto si se incluyen los intereses de la deuda, el déficit financiero se amplía a $74.125 millones.
  • Los gastos primarios del mes se incrementaron 19,2% a/a en términos reales, fundamentalmente por las medidas fiscales adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
  • Los programas ejecutados para enfrentar el desafío sanitario implicaron, en el mes de julio, un gasto por alrededor de $96.001 millones, sin los cuales el gasto primario hubiera caído 2,8% real en comparación con el mes de julio del año anterior.
  • Los ingresos totales cayeron 8,3% a/a en términos reales, debido a la contracción de todos sus componentes, a excepción de las rentas de la propiedad, que contemplaron la remisión de utilidades provenientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por $100.000 millones.
  • A través de trece modificaciones, el presupuesto inicial del ejercicio aumentó en $864.295 millones y el 66,2% se destinó a reforzar las prestaciones sociales.
  • La ejecución acumulada a julio del presupuesto de gastos vigente ascendió a 65,9%, fundamentalmente por los gastos corrientes. Todos los componentes del gasto registraron elevados niveles de ejecución, excepto los intereses de la deuda y los gastos de capital.
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL - JULIO 2020
Operaciones de Deuda Pública – Julio 2020

Operaciones de Deuda Pública – Julio 2020

En julio se registraron colocaciones de títulos y desembolsos de préstamos por el equivalente a USD9.800 millones, de los cuales $528.156 millones (USD7.706 millones) correspondieron a licitaciones de títulos de mercado en pesos.

Por otro lado, se canceló el equivalente a USD7.375 millones de capital, principalmente explicados por un canje voluntario de títulos en dólares por nuevos instrumentos en pesos realizado el 17 de julio.

Durante el mes, no se pagaron los cupones de interés de varios bonos con legislación extranjera BIRAD por un total de USD584 millones. Al 31 de julio, se mantienen impagos cupones de interés vencidos por bonos emitidos bajo legislación extranjera por un total USD1.670 millones, que está previsto sean reconocidos como parte del proceso de reestructuración de dichos títulos actualmente en marcha.

Para agosto estimamos vencimientos de servicios de la deuda por el equivalente a USD3.135 millones, monto que asciende a USD35.535 millones hasta el final del año (aproximadamente USD20.293 millones excluyendo las tenencias intra-sector público).

El 4 de agosto el Gobierno anunció un acuerdo con los principales grupos de acreedores para la reestructuración de los bonos emitidos bajo legislación extranjera. El plazo para que los acreedores acepten la propuesta revisada fue extendido hasta el 24 de agosto, en tanto que la fecha de liquidación de la operación es el 4 de septiembre. Paralelamente, el Congreso sancionó y se promulgó la Ley 27.556 para reestructurar los títulos públicos denominados en dólares emitidos bajo legislación argentina en las mismas condiciones que los bonos con legislación extranjera.

OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA - JULIO 2020
Análisis de la Recaudación Tributaria Nacional – Julio 2020

Análisis de la Recaudación Tributaria Nacional – Julio 2020

La recaudación tributaria total ascendió en julio a $559.092 millones, lo que implicó un crecimiento nominal de 24% a/a, no obstante, ajustada por inflación se contrajo por séptimo mes consecutivo, al evidenciar una merma de 13% a/a.

En los primeros siete meses del año el total recaudado llegó a $3.445.863 millones, un monto 26,2% superior al de igual período del año pasado.

El principal determinante de la caída de la recaudación ajustada por inflación fue el impacto económico del COVID-19. La recaudación tributaria nacional se encuentra fuertemente vinculada al nivel de actividad, por lo que el contexto recesivo, profundizado por la pandemia, constituye el principal factor explicativo de que la recaudación haya caído en 22 de los últimos 25 meses en términos reales.

ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA NACIONAL - JULIO 2020
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL – AÑO 2019

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL – AÑO 2019

La inversión pública (IP) ejecutada durante 2019 totalizó $ 251.520 millones que, luego de corregir por $67.276 millones de adelantos a proveedores incluidos el año pasado en concepto de regularización patrimonial de la inversión real directa (IRD), ascendió a $184.244,0 millones (-29,7% var. real a/a). Esto se explica por la retracción de las transferencias de capital (-39,7% a/a), que no pudo ser compensada por el aumento de la IRD (2,1% de a/a) y así la inversión pública medida en proporción al gasto total (3,94%) y al PIB (0,85%) cayó en 2019.

El crédito vigente fue un 15,6% inferior a lo presupuestado en términos reales, el nivel de ejecución de 82,8% y el valor promedio fue $ 4.100 por habitante, lo cual implica una caída respecto de 2018 en términos reales.

La ejecución del gasto en IRD totalizó $ 87.065 millones durante el 2019, de los cuales 89,5% correspondieron a proyectos de inversión y 10,5% a adquisición de bienes de capital, con un nivel de ejecución de 79,7% y 64,0%, respectivamente. La caída de la IRD en términos reales respecto de 2018 fue de -13,8% a/a debido a que la disminución de la adquisición de bienes de capital (-62,9%) no pudo ser compensada por la suba de los proyectos de inversión (+2,1%).

El año pasado finalizó con 782 proyectos con crédito vigente positivo por un monto de $ 97.753 millones y el 50% estuvo concentrado en 14 proyectos (1,8%). El 96,5% de los mismos comprenden sólo una obra y el resto contiene múltiples obras por lo que el total asciende a 840 obras.

Las 50 obras más importantes acumularon el 72,3% del crédito vigente y la ejecución financiera alcanzó a 79,4%, nivel similar al promedio. La ejecución física de esas 50 obras fue muy variable pues la programación inicial osciló entre 0% y 100% con un promedio de 34,9%, mientras que el ejecutado estuvo entre 0% y 81,1% con un promedio de 17,4%. El 43,7% de las 840 obras en proyectos de inversión en ejecución, presentó un grado de avance físico mínimo y un 19,8% presentó un grado de avance alto.

Por otro lado, el 70,4% de las obras se han iniciado en años anteriores, y 10,8% se iniciaron en 2019 y la duración proyectada de las mismas es en promedio de 5,9 años, aunque concentradas en la franja de proyectos de 4 a 6 años y de 1 a 3 años.

En el año 2019, hubo 250 proyectos de inversión destinados al Plan Belgrano con un crédito vigente de $ 14.803 millones (-26,3% var. real a/a) y gastos por $ 16.758 millones, de los cuales 57,7% corresponden al NOA y 42,3% al NEA.

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2019

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