EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2022 – INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2022 – INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

La Inversión Pública (IP) prevista para el ejercicio 2022 ascenderá a $1.314.156 millones, lo que representa un salto de 22,6% real con relación a la ejecución presupuestaria estimada para este año.

Según las proyecciones del proyecto de ley, alcanzará 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI), básicamente por el aumento de la Inversión Real Directa.

  • El proyecto de inversión de mayor relevancia presupuestaria es la Construcción Etapa I del Gasoducto Néstor Kirchner (Tratayén y Salliqueló) ($57.088 millones), mientras que la compra de equipamiento informático para la distribución en las escuelas ($70.404 millones) lidera la adquisición de bienes de capital.
  • Se prevén 794 obras de ejecución plurianual, con los mayores desembolsos en 2024. La mayor es la construcción del aprovechamiento multipropósito Chihuido I, en la provincia de Neuquén ($228.900 millones).
  • Las transferencias de capital a empresas públicas y fondos fiduciarios que forman parte del Sector Público Nacional crecen 21% real en relación a este año.
  • En el marco del Programa Federal Juana Manso – Conectar Igualdad se prevé para el año próximo la distribución de 1.550.000 equipos tecnológicos para el acceso a contenidos educativos y la provisión de conectividad a 40.000 escuelas.
  • El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el China Development Bank (CDB) son las principales fuentes crediticias externas previstas para el desarrollo de infraestructura.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 – ANÁLISIS DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS – PROYECCIONES DE RECAUDACIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 – ANÁLISIS DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS – PROYECCIONES DE RECAUDACIÓN

Para 2022, los recursos tributarios proyectados por la Oficina de Presupuesto del Congreso alcanzan a $15.325.331 millones, monto inferior en $248.443 millones (1,6%) a la estimada en al Proyecto de Ley de Presupuesto 2022.

Este supuesto implica un crecimiento real de la recaudación de 9%, con distinto comportamiento según los tributos.

Las principales diferencias entre las proyecciones de la OPC y las del PP2022 para el cierre del año en curso surgen en Impuesto a las Ganancias (-$63.504 millones), Créditos y Débitos Bancarios (-$ 28.307 millones) y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (-$21.595 millones). En sentido opuesto, la OPC estima una mayor recaudación que el PP2022 para IVA neto de reintegros (+$39.674 millones) y para Otros Impuestos (+$8.389 millones).

En algunos casos las diferencias son por distintas estimaciones respecto a la dinámica de la actividad (ej: recuperación del salario y puestos de trabajo); en otras, por la aplicación de cambios en las normas impositivas, que dificultan los cálculos.

Pero en el mensaje no hay parámetros precisos de cómo se distribuirán los recursos ni consistencia en la categorización de cuándo un ingreso es “tributario” o “no tributario”, lo que dificulta el análisis parlamentario.

Esta evaluación considera como hipótesis de trabajo que la distribución de los recursos del año próximo será igual a la de este año. Las proyecciones de OPC están fundadas en los mismos supuestos macroeconómicos y en las mismas pautas normativas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
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