El proyecto propone la actualización mensual en base al IPC de las asignaciones familiares y prestaciones como Alimentar y la destinada a menores víctima de la violencia, que hasta ahora se ajustaron en base a la movilidad jubilatoria.

La fórmula propuesta implicaría un gasto equivalente a 1,23% del PIB, por encima de las erogaciones que implicaría la prórroga de la Ley 27.609 o el actual DNU 274.

Los ajustes están calculados con el mecanismo propuesto a partir de mayo y el IPC siempre es el de dos meses previos.

• A fin del 2024 los beneficiarios de las prestaciones orientadas a la niñez y adolescencia percibirían montos más elevados si se prorrogara la Ley 27.609, con excepción de la Prestación Alimentar, cuyo monto lo define el Ejecutivo.
• Con la fórmula prevista en el proyecto de ley las asignaciones familiares y los programas en el marco de la Ley Brisa quedarían rezagadas respecto a los aumentos que tendrían con la prolongación de la ley vigente o el DNU hasta fin de año.
• Por el incremento de su monto dispuesto en enero, las asignaciones universales (AUH y AUE), tendrían una mejora en el poder de compra, pero menos que con la ley o el decreto.
• La prestación Alimentar mejoraría en relación a la inflación (contra el supuesto de mantenerla fija).

Como todas las fórmulas contemplan ajustes en base a la inflación de períodos anteriores, un escenario de desaceleración de precios ayudaría a la recomposición real. Pero las otras variables como salarios y recaudación de Ansés pueden influir en sentido diferente.