EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2021 – SUBSIDIOS A LA ENERGÍA Y AL TRANSPORTE

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2021 – SUBSIDIOS A LA ENERGÍA Y AL TRANSPORTE

El gasto proyectado para el año próximo en materia de subsidios a la energía y al transporte es de $805.855 millones, que equivale a 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y representa el mismo nivel que el previsto para 2020. El 77,4% de esos fondos es destinados a subvencionar al sector de gas y electricidad, mientras que el 22,6% se asigna al transporte.

  • Desde 2017 las subvenciones a la energía crecieron 0,5% del PBI y en 2021 se ubicarán en 1,7%, igual que este año. El mayor registro fue en 2014, con 2,8%.
  • Las partidas más significativas corresponden al sector eléctrico, con $446.579 millones previstos en el Proyecto de Presupuesto para el 2021, suba real del 4%.
  • Los usuarios afrontarán el año próximo el 43% del costo estimado para la electricidad, nivel similar al del año 2016.
  • El déficit energético en la última década promedió USD 2980 millones, contrastando con el superávit comercial del período.
  • Se destinarán $71.736 millones en subsidios a la oferta de gas natural, lo que representa un incremento de 5,3% respecto al cierre previsto para 2020.
  • Se prevé también una suba de los subsidios a la demanda de gas, incluyendo una mayor subvención a las garrafas de gas licuado.
  • Los subsidios al transporte se mantendrían en 0,5% con relación al PIB, con un aumento para automotores y un recorte para los trenes.
  • Los viajes en días hábiles se incrementarán 200% y los $12.740 millones para financiar la tarifa social implican una caída en términos reales de 17,7% en relación al cierre previsto para 2020.
  • En los últimos meses el 91% de los costos fue cubierto con subsidio y el factor de ocupación es del 5%.
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2021 – DEUDA PÚBLICA

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2021 – DEUDA PÚBLICA

En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 (PP2021) se estima un gasto en intereses de la Administración Nacional de $665.959 millones para 2020 y $661.178 millones para 2021, incluyendo los intereses a pagar a organismos dentro de la misma Administración Nacional. Considerando además las empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes, el gasto estimado en intereses del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) equivale a 2,5% del PIB en 2020 y 1,8% del PIB en 2021.

Para 2021, el PP2021 prevé necesidades de financiamiento por un total de $6.260.369 millones (16,7% del PIB) que se asume serán financiadas con nuevo endeudamiento con organismos del sector público nacional por un total de $3.686.409 millones (incluyendo los Adelantos Transitorios del BCRA), emisiones de títulos domésticos al sector privado por $2.225.060 millones y desembolsos de organismos internacionales y bilaterales por $348.901 millones.

En relación a la asistencia financiera del BCRA al Tesoro, el PP2021 contempla un financiamiento neto mediante Adelantos Transitorios por $400.000 millones en 2021 (1,1% del PIB). Además, se estiman giros de utilidades del BCRA al Tesoro por $800.000 millones (2,1% del PIB).

Los artículos 42, 28 y 50 del PP2021 establecen límites a los montos brutos de emisión de títulos y contratación de préstamos con vencimiento posterior al cierre del ejercicio 2021, con un monto total autorizado equivalente a $6,57 billones. Por otro lado, los artículos 43 y 44 autorizan el uso del crédito a corto plazo (con vencimiento dentro del mismo ejercicio), estableciendo límites sobre los montos en circulación de dichos instrumentos por un total de $1,75 billones.

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