EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional – Junio 2020

Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional – Junio 2020

  • Durante el primer semestre del año la Administración Pública Nacional registró un déficit primario de $911.124 millones, debido a la suba de los gastos y la caída de los ingresos, ambos condicionados por la crisis sanitaria. Dicho déficit fue financiado con utilidades provenientes del Banco Central de la República Argentina
  • En el primer semestre, los gastos primarios de la Administración Nacional se incrementaron 22,3% a/a en términos reales. Dicha variación se explica casi en su totalidad por las medidas fiscales adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 y el ASPO. En tanto, debido a la caída interanual de los intereses de la deuda (-38,7% a/a), la suba de los gastos totales tuvo una expansión más moderada del 10,9% a/a.
  • Los programas ejecutados para enfrentar el desafío sanitario implicaron un gasto por alrededor de $449.739 millones, sin los cuales el gasto primario hubiera crecido 3,2% real en comparación con el primer semestre del año anterior.
  • A través de doce modificaciones, el presupuesto inicial del ejercicio aumentó en $845.413 millones y el 67,6% se destinó a reforzar las prestaciones sociales.
  • En junio las jubilaciones y pensiones cayeron en términos reales por primera vez en el semestre (1,4%), pero los bonos complementarios hicieron que los haberes menores aumentasen 11,7% por encima de la inflación.
  • La caída de 71,8% en el gasto en vivienda y urbanismo se compensó, en parte, por el incremento de las erogaciones en Agua Potable y Alcantarillado, que subió 142,0% a/a y en la Asistencia Financiera para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia, en el marco del COVID-19 ($4.379 millones).

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL - JUNIO 2020

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