PROYECTO ALIVIO FISCAL MEDIA SANCIÓN HCDN – JUNIO 2022

PROYECTO ALIVIO FISCAL MEDIA SANCIÓN HCDN – JUNIO 2022

El presente informe analiza el texto sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación sobre Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos, con modificaciones respecto al proyecto original que fuera sujeto de análisis por la OPC en el informe “PROYECTO 2634-D-2022. ALIVIO FISCAL PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES Y AUTONOMOS”. En el presente documento se actualizan las estimaciones de impacto fiscal.

Las principales diferencias entre el texto sancionado y el proyecto previamente analizado se encuentran en la incorporación de una escala de tramos diferente para los sujetos alcanzados por el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y la exención del pago de dicho tributo para determinados contribuyentes de las nuevas Categorías A y B, en tanto que también se modificó la parte relativa a los contribuyentes autónomos, elevando respecto al texto del proyecto original la deducción especial del Impuesto a las Ganancias.

En lo que refiere al análisis del impacto fiscal, los cambios introducidos en el recinto implican una mayor disminución de la recaudación en relación a lo previamente estimado: $11.067 millones por el RS (en el texto previo se había estimado en $4.566 millones) y el efecto sobre la determinación del Impuesto a las Ganancias implicaría una reducción de $55.223 millones (en el texto previo se había estimado $29.730 millones).

Cabe recordar que, en el caso del IIGG, de no mediar un ajuste en la normativa vigente sobre el monto de los anticipos a ingresar, el efecto sobre la recaudación tributaria se comenzaría a observar a partir de junio de 2023, una vez realizada la presentación de la Declaración Jurada del ejercicio fiscal 2022.

PROYECTO 2634-D-2022 – ALIVIO FISCAL PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES Y AUTONOMOS – JUNIO 2022

PROYECTO 2634-D-2022 – ALIVIO FISCAL PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES Y AUTONOMOS – JUNIO 2022

El presente informe analiza el proyecto de Ley 2634-D-2022 de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos.

En lo que refiere al análisis del costo fiscal relacionado con el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, el cálculo corresponde al efecto causado por el traspaso de categoría que se produciría sobre los contribuyentes que se encontrasen cercanos al límite superior de cada tramo. En consecuencia, el efecto que pudo estimarse es una pérdida de ingresos tributarios máxima de $ 4.566 millones.

Por su parte, el incremento propuesto de la Deducción Especial para contribuyentes autónomos arrojaría una reducción del Impuesto Determinado devengado por el período fiscal 2022 de $29.730 millones, que no representarían reducción de recursos fiscales para el año 2022 como consecuencia de la forma en que se determina, liquida y paga este impuesto.

De tal forma, el impacto de los recursos sobre el fisco y los contribuyentes se vería plasmado a partir de junio 2023.

No obstante, en razón que los anticipos de personas humanas se calculan aplicando una tasa del 20% tomando como base el impuesto determinado del año anterior menos los conceptos susceptibles de deducción, si los contribuyentes o la reglamentación de la norma habilita una reducción de dichos anticipos, entonces sí se podría verificar una reducción de ingresos en el presente año.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
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