EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
INFORME SOBRE REGÍMENES PREVISIONALES NACIONALES ESPECIALES PARA DOCENTES, INVESTIGADORES Y TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA Y DE YACIMIENTOS CARBONÍFEROS DE RÍO TURBIO

INFORME SOBRE REGÍMENES PREVISIONALES NACIONALES ESPECIALES PARA DOCENTES, INVESTIGADORES Y TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA Y DE YACIMIENTOS CARBONÍFEROS DE RÍO TURBIO

La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública postula la revisión de los regímenes previsionales especiales a fin de formular una propuesta de modificación al Congreso Nacional.

Del análisis de cinco de los siete regímenes previsionales especiales –docentes no universitarios; docentes universitarios; investigadores y científicos; trabajadores de Yacimientos Carboníferos Fiscales y de Luz y Fuerza) se concluye que su haber promedio resulta significativamente superior al haber promedio general y explica el 27% del déficit previsional contributivo, aunque representaron sólo el 10% del gasto previsional en marzo 2020.

  • Son sistema de órbita pública y su movilidad está vinculada a la evolución del salario activo, con menos preponderancia de la inflación, como ocurre en el régimen general. Por eso en los dos últimos años el déficit de éste último ganó peso relativo en relación al otro.
  • Pero el conjunto de los Regímenes Especiales contemplados en esta proyección estaría incrementando su déficit contributivo durante 2020.
  • El haber de los docentes no universitarios duplica el promedio del régimen general; el de los investigadores y trabajadores del Yacimiento de Río Turbio lo cuadruplica.
  • Los haberes aseguran entre el 70% (Luz y Fuerza) y el 85% (investigadores y científicos) de la remuneración en el momento del retiro, pero las distintas fórmulas de ajuste de jubilaciones sólo en algunos regímenes garantizan el mantenimiento de ese parámetro.
  • Los haberes especiales deberían reducirse entre 29 y 41% para tener la misma equivalencia (sustitución de salarios) del régimen general.
  • Desde 2018 a junio pasado, todos los regímenes analizados muestran una movilidad real negativa, que va desde una merma del 10,92% en el régimen general, hasta una caída del 23,69% para las prestaciones correspondientes a Luz y Fuerza.

Como el Estado es quien emplea y cubre el déficit, para cerrar esta brecha, no serviría subir las contribuciones patronales ni la edad jubilatoria, cambio que suele tener efecto recién en mediano plazo. Sí podría tener un eventual impacto fiscal más inmediato la suba de contribuciones personales o establecer un tope equivalente al haber máximo del régimen general.

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