by Nicolas Perez | Feb 15, 2022 | Políticas sobre grupos poblacionales específicos
Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.
El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.
El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.
Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.
Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.
La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.
by Nicolas Perez | Feb 4, 2021 | Objetivos de Desarrollo Sostenible
El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.
El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.
Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.
- El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
- La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
- Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
- 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
- La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
- El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
- El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
- La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
by Nicolas Perez | Dic 5, 2019 | Empleo y Previsión Social
El análisis de OPC consiste en
una descripción al 30 de abril de 2019 del empleo público en las jurisdicciones
y entidades que integran la Administración Pública Nacional (APN), las Empresas
y Sociedades del Estado y los Otros Entes del Sector Público Nacional no
Financiero (SPNNF), excluyendo universidades.
Se trata de un universo de 449.797
cargos, de los cuales 385.189 corresponden a APN, 34.239 a Otros Entes
(organizaciones públicas no empresarias pero financieramente autónomas) y 30.319
a las trece empresas estatales de las que se dispone información. El 89% está
registrado en la plantilla del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, coexisten
una veintena de regímenes jurídicos y más de 120 escalafones específicos con
niveles disímiles de ocupación.
Bajo una mirada histórica, mientras que entre 2010 y 2015 se identificó un crecimiento sostenido de la ocupación (con un incremento de más de 20% en el periodo); entre 2016 y 2018 la tendencia general ha sido hacia la baja, exhibiendo una disminución cercana al 8% en el Poder Ejecutivo Nacional.
El 80% conforma la planta
permanente, el 26% tiene título universitario –prioritariamente ubicado en
organismos descentralizados– y la ocupación se concentra en dos grupos de
edad: 20-34 años y 35-49 años, representando ambos más del 75% del total.
El salario promedio general bruto
de este universo es de $60.748, pero la mayor parte de la ocupación se
concentra por debajo de este nivel (64,2%). En efecto, la mediana de la
distribución es de $48.463. Las remuneraciones medias son superiores en las
empresas y en los organismos descentralizados y, a la inversa del nivel
general, el Servicio Exterior de la Nación, Poder Judicial y Convenciones
Colectivas de Trabajo, tienen un alto porcentaje de su dotación con salarios
promedio superiores a $66.000.
Hay una tendencia inversa entre el
nivel de ocupación y el salario promedio. Aquellos regímenes con un mayor nivel
de ocupación presentan salarios promedio por debajo del general y aquellos con
menor ocupación relativa exhiben salarios por encima del promedio general.
Un análisis por sexo arroja que 35,0%
de la ocupación total son mujeres y 65,0% hombres, proporción incidida por el
gran peso relativo que tienen las fuerzas armadas y de seguridad. El salario
promedio de la ocupación femenina es inferior al masculino en todos los niveles
de educación y, en consonancia con este sesgo, la representación masculina es
mayor en los tramos de ingresos más altos.
CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO
