EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

ESTUDIO DE RIGIDECES PRESUPUESTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – 2010 A 2021

ESTUDIO DE RIGIDECES PRESUPUESTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – 2010 A 2021

Sólo el 10% del gasto de la Administración Pública Nacional tiene flexibilidad y es posible recortarlo o reasignarlo. Esta proporción, sobre la que el Gobierno tiene mayor margen de acción, fue disminuyendo en los últimos años y actualmente el “espacio fiscal” –tanto desde las erogaciones como por la afectación de recursos en el presupuesto- es muy reducido.

  • Durante el período comprendido entre 2010 y 2021 los gastos rígidos, mayoritariamente compuestos por las jubilaciones y pensiones, remuneraciones al personal, intereses de la deuda, asignaciones familiares, entre otros, implicaron alrededor de dos tercios de los gastos totales (66,9%).
  • Este segmento del gasto rígido alcanza máximos de 80,0% en 2019 y mínimos de 57,9% en 2014.
  • El componente del gasto con rigidez alta no sólo representa la mayor proporción del gasto total sino que también ha sido el que ha tenido mayor dinamismo. Explica el 84,0% del crecimiento registrado en el gasto total de la Administración Nacional y entre 2010 y 2010 su ponderación pasó de 19,8% a 25,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
  • En el 2021 Los gastos con rigidez alta afectan aproximadamente al 63,6% del gasto total; los clasificados como de rigidez media participan con el 24,8% y el resto (11,5%) corresponde a aquellos gastos más factibles de reasignar.
  • Entre 2010 y 2016 el gasto total creció 6,2 puntos porcentuales (p.p.) del PIB y, de dicha variación, el 90% lo explicó el crecimiento del gasto de rigidez alta.
  • Entre 2015 y 2019 se produjo un incremento sostenido en la participación del gasto con alta rigidez, alcanzando un promedio anual de 72,9% del total, mientras que el peso de los gastos sin rigidez y con rigidez media en el total cayó a un promedio anual de 11,1% y 16,0%, respectivamente.

La presencia de rigideces presupuestarias limita la capacidad de la política fiscal para reaccionar a escenarios imprevistos o nuevos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
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