EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL – AÑO 2019

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL – AÑO 2019

La inversión pública (IP) ejecutada durante 2019 totalizó $ 251.520 millones que, luego de corregir por $67.276 millones de adelantos a proveedores incluidos el año pasado en concepto de regularización patrimonial de la inversión real directa (IRD), ascendió a $184.244,0 millones (-29,7% var. real a/a). Esto se explica por la retracción de las transferencias de capital (-39,7% a/a), que no pudo ser compensada por el aumento de la IRD (2,1% de a/a) y así la inversión pública medida en proporción al gasto total (3,94%) y al PIB (0,85%) cayó en 2019.

El crédito vigente fue un 15,6% inferior a lo presupuestado en términos reales, el nivel de ejecución de 82,8% y el valor promedio fue $ 4.100 por habitante, lo cual implica una caída respecto de 2018 en términos reales.

La ejecución del gasto en IRD totalizó $ 87.065 millones durante el 2019, de los cuales 89,5% correspondieron a proyectos de inversión y 10,5% a adquisición de bienes de capital, con un nivel de ejecución de 79,7% y 64,0%, respectivamente. La caída de la IRD en términos reales respecto de 2018 fue de -13,8% a/a debido a que la disminución de la adquisición de bienes de capital (-62,9%) no pudo ser compensada por la suba de los proyectos de inversión (+2,1%).

El año pasado finalizó con 782 proyectos con crédito vigente positivo por un monto de $ 97.753 millones y el 50% estuvo concentrado en 14 proyectos (1,8%). El 96,5% de los mismos comprenden sólo una obra y el resto contiene múltiples obras por lo que el total asciende a 840 obras.

Las 50 obras más importantes acumularon el 72,3% del crédito vigente y la ejecución financiera alcanzó a 79,4%, nivel similar al promedio. La ejecución física de esas 50 obras fue muy variable pues la programación inicial osciló entre 0% y 100% con un promedio de 34,9%, mientras que el ejecutado estuvo entre 0% y 81,1% con un promedio de 17,4%. El 43,7% de las 840 obras en proyectos de inversión en ejecución, presentó un grado de avance físico mínimo y un 19,8% presentó un grado de avance alto.

Por otro lado, el 70,4% de las obras se han iniciado en años anteriores, y 10,8% se iniciaron en 2019 y la duración proyectada de las mismas es en promedio de 5,9 años, aunque concentradas en la franja de proyectos de 4 a 6 años y de 1 a 3 años.

En el año 2019, hubo 250 proyectos de inversión destinados al Plan Belgrano con un crédito vigente de $ 14.803 millones (-26,3% var. real a/a) y gastos por $ 16.758 millones, de los cuales 57,7% corresponden al NOA y 42,3% al NEA.

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2019

Análisis de la Inversión Pública Nacional prevista en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020

Análisis de la Inversión Pública Nacional prevista en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020

El Proyecto de Presupuesto enviado al Congreso en septiembre del 2019 estima un monto de inversión pública para la Administración Nacional de $ 232.211 millones, con un aumento nominal estimado de 19,6% año contra año con respecto a la proyección de cierre de 2019 efectuada por el Ministerio de Hacienda.

La inversión pública de todo el Sector Público Nacional –sumando empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes- ascendería a $318.022 millones, según surge del Mensaje 2020, lo que equivale a 4,9% del gasto total del SPN. Esto implica una caída de 10,9% año contra año en relación con lo proyectado para el año en curso.

La mayor suba se advierte en las transferencias de capital que Nación realiza a otros entes o jurisdicciones para ejecutar obras o comprar bienes que aumentan 32,4%. La inversión real directa (proyectos de obra y adquisición de equipos) sólo lo hace 6,1% a/a.

El desagregado geográfico de esas transferencias muestra una concentración en la Región Pampeana, básicamente en la provincia de Buenos Aires (18%) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10,3%), jurisdicciones en las que se concentra la mitad de la inversión real directa.

El proyecto contempla la ejecución de 995 proyectos a cargo de la Nación por un monto promedio de $ 80 millones cada uno. El monto total muestra una tendencia declinante desde el 2011: de 0,68% del PIB en 2011 a 0,25% en 2020.

Los mayores montos están asignados a obras ferroviarias, como la mejora del Ferrocarril Belgrano Cargas, que involucra varias jurisdicciones y demandaría $ 5.000 millones, y al tendido de autopistas, entre ellas la ruta 19 que une San Francisco con Córdoba o la ruta 8 que conecta Pilar con Pergamino.

En el Resto del Sector Público, las principales inversiones directas serían ejecutadas por empresas públicas: Nucleoeléctrica Argentina S.A. (36,9% del total) e Integración Energética Argentina S.A. – Ex- ENARSA (30,3%).

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL PREVISTA EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2020
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