EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2021-INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2021-INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública de la Administración Nacional prevista en el Proyecto de Presupuesto 2021 subirá a 2,0% del Producto Bruto Interno, lo que implica 0,6% más en términos de PBI y una suba real de 51,3% a/a en los recursos asignados. Ganan participación relativa las transferencias a otras jurisdicciones y se destacan las obras vinculadas a transporte y vivienda.

  •  La inversión pública presentaría en 2021 un cambio en su composición con relación al cierre proyectado del corriente año, con un aumento de 59,4% a 62,0% de las transferencias de capital en detrimento de la inversión real directa.
  • La inversión pública crece en todas las regiones del país, pero en particular en jurisdicción interprovincial o nacional –categorizada como “no especificada”. Le sigue la Región Pampeana.
  • La función transporte tendrá un incremento real de 58,1% a/a, en su mayor parte por la ejecución de proyectos a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y la compra de material ferroviario de parte del Ministerio de Transporte.
  • Las principales provincias que explican el aumento interanual de la Inversión Real Directa son: en la Región Pampeana, la Provincia de Buenos Aires (121,1% a/a); en NOA, Salta (808,4% a/a) y Jujuy (444,6% a/a).
  • Buenos Aires sigue siendo el principal destino de los proyectos de inversión, con 37,9% del total de recursos, concentración aún mayor que la estimada para el cierre del ejercicio presupuestario 2020.
  • Los dos proyectos que insumen más recursos son la renovación de vías del Belgrano Cargas y la mejora integral de la línea urbana Roca, ramal Constitución-La Plata.
  • Las transferencias para educación y cultura equivalen al 12,3% del total de las transferencias de capital, pero representan un incremento real de 333,9% a/a, básicamente por la mejora de infraestructura para jardines de infantes.
  • Se consolida la desconcentración en la ejecución de obras públicas.
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