RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD LADRILLERA ARTESANAL

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD LADRILLERA ARTESANAL

El proyecto de Ley S-972/2021 tiene por objeto -entre otros- promover el desarrollo sustentable de la producción de ladrillos moldeados, cocidos o quemados, a escala artesanal.

Para su logro propone que toda persona, física o jurídica, dedicada a la producción de ladrillos moldeados a mano y cocidos en hornos, que utilice para su elaboración materia prima local, que sea comercializado en primera venta y cuya producción no supere la cantidad anual que establezca el decreto reglamentario, obtengan como beneficios la amortización acelerada de los bienes de uso destinados a la producción y el adelanto en la devolución de los créditos del IVA generados en las compras de dichos bienes, estabilidad fiscal y créditos a tasa subsidiada.

Dada la naturaleza de los beneficios propuestos, el proyecto genera impactos en términos financieros, pero no implica pérdida de recursos públicos.

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CRÉDITO FISCAL DE GASTOS EN FLETE PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA CADENA FRUTIHORTÍCOLA – SEPTIEMBRE 2022

Proyecto de Ley S-710/2021 Crédito fiscal de gastos de flete para pequeñas y medianas empresas de la cadena frutihortícola

El Proyecto tiene por objeto fortalecer las condiciones de competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la cadena frutihortícola y potenciar el desarrollo con equidad distributiva y de oportunidades.

Para su logro propone que las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan por actividad principal la producción primaria y/o de empaque y/o industrial y/o comercial, de bienes relacionados con la cadena de valor frutícola (cítricos, olivos, vides, frutas de pepita, carozo, etc.), reciban un conjunto de beneficios tributarios mediante el descuento de sus obligaciones fiscales de los gastos incurridos para el transporte de sus productos.

Dada la falta de información necesaria respecto al funcionamiento de la cadena sectorial, la OPC no está en condiciones de evaluar el impacto fiscal de la medida propuesta.

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD LADRILLERA ARTESANAL

INCENTIVO A LA INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN ARGENTINA – JULIO 2022

El presente informe analiza el Expediente CD N° 3/2022 sobre Incentivo a la Inversión Construcción y Producción Argentina y evalúa el posible impacto sobre las cuentas de la Administración Pública Nacional.

El proyecto de Ley propone reestablecer el régimen establecido por el Título II de la Ley N° 27.613, “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina” y crear un puente al empleo, con la transformación de planes sociales y prestaciones de la seguridad social.

Según las estimaciones de la OPC, el impacto fiscal de lo explícitamente especificado en el Proyecto sería un incremento de los ingresos de $4.459 millones distribuidos entre los años 2022 y 2023, a percibirse desde el momento de entrada en vigencia de la ley.

Si bien, el puente al empleo propuesto en el expediente no genera costos adicionales, ni ahorros para el Estado Nacional, en términos operativos, tendría una escasa cobertura potencial.

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD LADRILLERA ARTESANAL

REGIMEN TRANSITORIO DE REINTEGROS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE AUTOMOVILES DE ALQUILER CON TAXIMETRO – JULIO 2022

El proyecto de Ley que crea el “Régimen transitorio de reintegros para la adquisición de unidades que prestan el servicio de automóviles de alquiler con taxímetro” con sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, plantea un reintegro por el equivalente a las sumas abonadas en concepto de IVA e Impuestos Internos por la adquisición de nuevas unidades destinadas al servicio.

Dado que el mismo proyecto estipula un cupo fiscal de $3.600 millones durante 2022 para atender al mismos, no se considera necesario realizar estimaciones de impacto fiscal.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
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