EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
Operaciones de deuda pública – Abril 2020

Operaciones de deuda pública – Abril 2020

En abril el Gobierno presentó su propuesta de reestructuración de los bonos emitidos bajo ley extranjera. La propuesta alcanza a veintiún series de bonos que totalizan USD65.620 millones, elegibles para el canje por diez nuevos títulos (cinco denominados en dólares y cinco en euros), amortizables en cuotas anuales, con vencimiento en 2030, 2036, 2039, 2043, y 2047. El plazo para que los acreedores presenten su consentimiento, que vencía el viernes 8 de mayo, fue extendido al 22.

En el marco de la negociación, se incumplió el pago de los cupones de interés de los bonos BIRAD 2021, 2026 y 2046 (los cuales forman parte del universo de bonos elegibles al canje) por un total de USD503 millones, que vencían el 22 de abril. Hasta el 22 de mayo corre el período de gracia para efectuar el pago, luego del cual se declararía un evento de default.

El DNU 346/2020 pospuso al 31 de diciembre los pagos de intereses y amortizaciones de los títulos de deuda pública denominados en dólares emitidos bajo ley local. Como resultado, se postergaron hasta fin de año pagos por USD18.388 millones, USD9.018 millones en manos de privados.

En el mes se realizaron seis licitaciones que resultaron en la colocación de títulos en pesos por $435.976 millones, incluyendo $314.069 millones como parte de una operación de canje del BONCER TC20. Además, se obtuvo financiamiento del BCRA mediante la colocación de letras por USD171 millones y Adelantos Transitorios (AT) por $80.000 millones.

OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA - ABRIL 2020
Skip to content