EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
Evaluación presupuestaria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ODS 15: vida de los ecosistemas terrestres

Evaluación presupuestaria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ODS 15: vida de los ecosistemas terrestres

Este documento tiene por objetivo realizar un análisis y evaluación presupuestaria de los progresos en Argentina en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres): luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.

Se trata de uno de los ODS auspiciados por Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030, programa al que el país adhiere desde 2015 y para el que realizó un proceso de adaptación nacional de metas e indicadores.

Para avanzar con los compromisos del ODS 15 este año Argentina destinó a octubre $686,1 millones en gastos directos, 95% para gastos corrientes y 5% a inversiones. Este monto es 12% mayor al de 2018 en términos nominales y su ejecución a dos meses del cierre del ejercicio ya supera el 112%. Se destaca la importancia presupuestaria asignada a la gestión sostenible de los bosques (91% del gasto directo asociado al ODS 15).

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable es el principal organismo responsable de su cumplimiento, aunque hay otras dependencias públicas involucradas en la ejecución de programas o subprogramas vinculados.

El análisis de su cumplimiento se dificulta por la escasez de metas parciales y finales, y en algunos casos también de línea de base. Su ejecución presupuestaria es muy dispar a nivel de programas y actividades, encontrándose desde sobre ejecuciones superiores al 300% hasta actividades sin ejecución alguna.

Un ejemplo es el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), que comenzó a recibir asignaciones presupuestarias específicas recién en 2010. Estas nunca cubrieron la cuantía mínima prevista por la Ley 26.331 e incluso fueron subejecutadas en buena parte de los ejercicios.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 15: VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES
Operaciones de deuda pública – Noviembre 2019

Operaciones de deuda pública – Noviembre 2019

Durante noviembre los pagos de intereses ascendieron a USD1.358 millones, de los cuales el 68% se realizó en moneda extranjera. Las principales erogaciones fueron por el crédito Stand By del FMI, un BONAR en dólares y el BONTE en pesos.

En  noviembre hubo colocaciones de títulos y desembolsos de préstamos por el equivalente a USD2.115 millones, de los cuales USD834 millones fueron títulos, colocados casi en su totalidad a distintos entes del sector público.

Se realizaron adelantos transitorios –préstamos no remunerados del Banco Central al Tesoro- por $60.000 millones, con lo que el stock de este instrumento llegó a fin de mes a $562.730 millones ($384.729 millones abajo del tope legal).

Para diciembre, se prevén vencimientos de deuda por aproximadamente USD7.307 millones entre amortizaciones (USD4.680 millones) e intereses (USD2.627 millones).

El perfil de vencimientos de los servicios de la deuda para el primer semestre de 2020 totaliza USD45.237 millones. Sin embargo, al excluir los vencimientos intra-sector público, los servicios estimados del semestre se reducen a USD24.317 millones.

OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA - NOVIEMBRE 2019
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