EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

A mediados de 2020, existían en Argentina 13.151.586 niños, niñas y adolescentes (grupo de personas hasta 17 años). El 57,1% era pobre y el 15,8% indigente, valores muy superiores a los del promedio general de la población.

  •  4,6 millones de niños y niñas y 2,9 millones de adolescentes se encontraron bajo la línea de pobreza.
  • Las tasas de pobreza e indigencia en hogares con niños, niñas y adolescentes triplicaron a las de los hogares sin ellos.
  • El 40% de los hogares con personas ocupadas en donde viven personas menores de edad se encontró por debajo de la línea de pobreza. Esto implica que pese a contar con al menos un ingreso laboral, dicho ingreso no resultó suficiente para cubrir las necesidades básicas familiares.
  • El 96,9% de los niños, niñas y adolescentes en edades de educación obligatoria (4 a 17 años) se encontraba escolarizado, asistiendo la mayoría a establecimientos de gestión estatal. Para el segmento no obligatorio ese porcentaje baja a 14,5%.
  • La incidencia de la pobreza cae de modo abrupto si el/la jefe/a de hogar logra concluir sus estudios secundarios. Sin embargo, uno de cada seis hogares con jefe/a universitario/a se encontró por debajo de la línea de pobreza.
  • Las acciones emprendidas por el Estado Nacional para atender a niños, niñas y adolescentes implicaron un esfuerzo presupuestario de 3,6% del PBI en el año 2020 y representaron el 12,7% del gasto total.
  • Las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones generales de la población pero que tienen impacto también sobre este segmento, insumieron 2,4% adicional.
  • Los esfuerzos estatales fueron insuficientes para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de este grupo etario, resultando necesario profundizar la atención sobre él para garantizar su acceso a derechos básicos.
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