EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL- OCTUBRE 2020

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL- OCTUBRE 2020

Sin incluir las utilidades remitidas por el Banco Central al Tesoro, los ingresos de la Administración Pública Nacional cayeron en octubre 11,0% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los gastos primarios crecieron 22,9%, fundamentalmente por la atención de la emergencia sanitaria. El déficit primario fue de $75.092 millones.

 

* El BCRA durante octubre giró utilidades por $30.000 millones, lo que explica el aumento de 5,5% en Rentas de la Propiedad.

 

* La APN destinó alrededor de $77.031 millones a paliar los efectos económicos del COVID en octubre y por séptimo mes consecutivo los gastos primarios tuvieron un crecimiento de dos dígitos. Sin esa cobertura, hubiesen crecido a un ritmo menor, de 4,5%.

 

* Se devengaron intereses de deuda por $31.093 millones, 73,1% menos que en octubre pasado. Esto explica que los gastos totales sólo hayan crecido 2,1% en el mes.

 

* El resultado financiero pasó de un déficit de $54.849 millones en octubre del año pasado a otro de $106.185 millones en octubre de este año.

 

* La leve mejora real de 0,5% a/a en los ingresos corrientes estuvo impulsada por Ganancias y Bienes Personales, que compensaron parcialmente la caída en otros tributos.

 

* Cayó 9,0% a/a el gasto en personal de la Administración Pública, mientras que las jubilaciones y pensiones se incrementaron 1,9% real, año contra año.

 

* Los subsidios a la energía fueron de $24.445 millones, con una suba de 42,8% a/a.

 

* Las transferencias de capital a empresas públicas del sector transporte tuvieron un crecimiento real de 351,9% año contra año, básicamente para la atención de los ferrocarriles urbanos y el Belgrano Cargas.

 

* El presupuesto inicial del ejercicio aumentó en $2.744.921 millones – 56,5% con relación al crédito inicial – y el 62,7% de ese incremento se destinó a reforzar las prestaciones sociales.

Análisis de Ejecución Presupuestaria – Enero 2020

Análisis de Ejecución Presupuestaria – Enero 2020

Los ingresos totales de la Administración Nacional registraron en enero una caída real de 8,7% año contra año (a/a), mientras que los gastos totales tuvieron un crecimiento de 2,3% a/a.

Ese comportamiento dispar generó un déficit financiero de $568 millones, que contrasta con el superávit de $29.710 millones registrado en enero de 2019. Por su parte, el resultado primario alcanzó a $84.474 millones, un 30,2% a/a menor en términos reales al alcanzado en igual mes del año pasado ($79.211 millones).

  • Los recursos tributarios y de la seguridad social, que en conjunto representaron el 86,6% de los ingresos, tuvieron bajas significativas. En el primer caso, lideradas por el Impuesto a las Ganancias (-18,1% a/a), fundamentalmente por cuestiones normativas; en el segundo caso, la baja también se explica por el cambio legal que recortó la obligación de efectuar aportes sobre un segmento de las remuneraciones, más allá de la caída en la masa de aportantes del último año.
  • El rasgo distintivo de la ejecución del mes de enero fue el menor dinamismo de los Derechos de Exportación, que subieron apenas 3,8% en la comparación interanual y venían oficiando de motor de la recaudación con alzas pronunciadas.
  • Como contrapartida subieron las rentas a la propiedad, básicamente por recursos originados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que alcanzaron $42.798 millones, reflejando un incremento real de 7,6% a/a.
  • Los gastos totales ($390.570 millones) registraron un incremento real de 2,3% a/a, aunque rubros como los subsidios e inversiones sufrieron retrocesos muy importantes.
  • El rubro jubilaciones y pensiones exhibió una caída de 0,6% a/a en términos reales. Si se considera el “bono” extraordinario de $5.000 para los haberes más bajos, se observa un recupero del 10,3% a/a.
  • Los subsidios económicos ($3.613 millones) se contrajeron 52,5% a/a, lo que se explica fundamentalmente por los energéticos: habían registrado una ejecución de $2.056 millones en enero de 2019 y no consignaron erogaciones en enero 2020.
  • Los bienes de consumo y pago de servicios reflejaron una caída real de 58,4% a/a, así como los gastos de capital, que retrocedieron 62,1% a/a. Los servicios de la deuda, por el contrario, subieron 12,4% a/a en relación a enero del año anterior.
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ENERO 2020
Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional – Año 2019

Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional – Año 2019

El ejercicio 2019 terminó con un incremento real de recursos de 2,1% respecto al año anterior y con una contracción del gasto de 6,4% a/a, generalizada en los principales componentes, con excepción de los intereses de la deuda que aumentaron 10,7% a/a real.

La combinación de esos comportamientos produjo un déficit financiero de $845.990 millones, equivalente a 3,9% del Producto Bruto Interno, 1,7 puntos porcentuales menos que el del ejercicio anterior.  El resultado primario, en tanto, resultó superavitario en $75.491 millones, mejorando respecto al 2018.

En el aumento de los ingresos tributarios resultó decisiva la evolución de los Derechos de Exportación, que tuvieron un salto real de 164,4% año contra año como consecuencia del incremento de alícuotas, la devaluación del tipo de cambio y las mayores cantidades exportadas del complejo sojero.

Esto compensó la caída en otros rubros impositivos y los recursos del sistema de seguridad social, afectados por la menor actividad económica y la reducción de la remuneración imponible.

En 2019 el gasto de la Administración Pública Nacional alcanzó un monto de $4.743.040 millones, que implica un nivel de ejecución del 96,2% del presupuesto asignado. El crédito inicial aprobado se incrementó en 18,1%, resultando los intereses de la deuda el rubro que más contribuyó a dicha variación (29,2%).

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL - AÑO 2019
Análisis de la Inversión Pública Nacional prevista en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020

Análisis de la Inversión Pública Nacional prevista en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020

El Proyecto de Presupuesto enviado al Congreso en septiembre del 2019 estima un monto de inversión pública para la Administración Nacional de $ 232.211 millones, con un aumento nominal estimado de 19,6% año contra año con respecto a la proyección de cierre de 2019 efectuada por el Ministerio de Hacienda.

La inversión pública de todo el Sector Público Nacional –sumando empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes- ascendería a $318.022 millones, según surge del Mensaje 2020, lo que equivale a 4,9% del gasto total del SPN. Esto implica una caída de 10,9% año contra año en relación con lo proyectado para el año en curso.

La mayor suba se advierte en las transferencias de capital que Nación realiza a otros entes o jurisdicciones para ejecutar obras o comprar bienes que aumentan 32,4%. La inversión real directa (proyectos de obra y adquisición de equipos) sólo lo hace 6,1% a/a.

El desagregado geográfico de esas transferencias muestra una concentración en la Región Pampeana, básicamente en la provincia de Buenos Aires (18%) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10,3%), jurisdicciones en las que se concentra la mitad de la inversión real directa.

El proyecto contempla la ejecución de 995 proyectos a cargo de la Nación por un monto promedio de $ 80 millones cada uno. El monto total muestra una tendencia declinante desde el 2011: de 0,68% del PIB en 2011 a 0,25% en 2020.

Los mayores montos están asignados a obras ferroviarias, como la mejora del Ferrocarril Belgrano Cargas, que involucra varias jurisdicciones y demandaría $ 5.000 millones, y al tendido de autopistas, entre ellas la ruta 19 que une San Francisco con Córdoba o la ruta 8 que conecta Pilar con Pergamino.

En el Resto del Sector Público, las principales inversiones directas serían ejecutadas por empresas públicas: Nucleoeléctrica Argentina S.A. (36,9% del total) e Integración Energética Argentina S.A. – Ex- ENARSA (30,3%).

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL PREVISTA EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2020
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