EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
Proceso de Reestructuración de los Bonos bajo Ley Extranjera – Acuerdo con Principales Grupos de Acreedores

Proceso de Reestructuración de los Bonos bajo Ley Extranjera – Acuerdo con Principales Grupos de Acreedores

El 4 de agosto el Gobierno anunció un acuerdo con los principales grupos de acreedores para reestructurar los bonos con legislación extranjera. En base al acuerdo, se modifican los términos de la última oferta argentina presentada el 6 de julio.

Los cambios incluyen el adelantamiento de algunos vencimientos de los nuevos bonos a entregarse, nuevas condiciones para el canje por bonos en distinta moneda y el compromiso de introducir algunos ajustes a las cláusulas de acción colectiva de los nuevos títulos que sean apoyadas por la comunidad internacional.

Asumiendo un exit yield de 10%, el acuerdo tiene un valor estimado promedio de USD55,8 por cada USD100 de valor nominal elegible. El acuerdo implica una mejora de USD1,4 con respecto a la anterior propuesta oficial.

Bajo el supuesto de que se canjea el total del monto elegible, los nuevos bonos generarían pagos de amortizaciones e intereses por aproximadamente USD4.600 millones en el período 2020-2024 y USD42.700 millones en el período 2020-2030.

Los grupos de acreedores que negociaron el acuerdo, junto con otros bonistas que darían su apoyo, declararon tener el 60% de los bonos elegibles emitidos bajo el indenture 2005 y 51% de los bonos del indenture 2016.

De acuerdo con el cronograma vigente, los acreedores tienen plazo para aceptar la propuesta hasta el 24 de agosto y, en caso de efectivizarse, la operación de canje se liquidaría el 4 de septiembre.

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE LOS BONOS BAJO LEY EXTRANJERA – ACUERDO CON PRINCIPALES GRUPOS DE ACREEDORES

ANEXO - PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE LOS BONOS BAJO LEY EXTRANJERA – ACUERDO CON PRINCIPALES GRUPOS DE ACREEDORES

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